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Estudio comparativo de los diseños institucionales para la gestión ambiental en los países de América Latina y el Caribe
Capítulo VI - Las formas institucionales de descentralización territorial de la gestión ambiental
124. En todos los países, la gestión ambiental, así como la de otras políticas públicas, aunque la legislación sea de carácter nacional, requiere de una descentralización territorial en regiones, provincias y municipios a los fines de su aplicación y control e, inclusive, del dictado de la normativa jurídica específica aplicable en la respectiva jurisdicción. Sobre todo cuanto mayor es la extensión territorial de un país, más difícil, si no imposible, es concebir que el Gobierno Nacional formule el ordenamiento ambiental concreto de cada ciudad o pueblo, o vigile las conductas contaminantes de los agentes locales, etc.

125. En este capítulo se prefirió describir la situación de cada país, sobre el que se contó con información con relación a esta problemática, dadas las dificultades encontradas para hacer una sistematización por agrupamiento en razón de la diversidad de situaciones relevadas.

126. En Argentina, su régimen federal previó que el Gobierno Federal sólo tiene las competencias gubernamentales que le han sido delegadas por las Provincias al momento de dictarse la Constitución Nacional. Entre ellas no se encontraban, en la antigua Constitución de 1853, las relacionadas con la gestión de los recursos naturales y el ambiente, por lo que tradicionalmente se entendió que dichas competencias habían quedado reservadas a las provincias. Tan así que, de 1972 (Estocolmo) en adelante, del total de veintitrés Provincias, catorce de ellas, al reformar y actualizar sus Constituciones, legislaron localmente sobre los derechos y la gestión del ambiente.

127. Ello explica, en parte, que la Argentina no se haya dado nunca una ley general del ambiente y ciertas dificultades de los sucesivos organismos ambientales principales para implantar una política ambiental a escala nacional. A su vez, las leyes nacionales ambientales especiales (bosques, fauna, contaminación, residuos peligrosos, etc) siempre han regido solamente en aquellas Provincias que han "adherido" a las mismas mediante actos expresos de los poderes legislativos provinciales.

128. Por la misma razón, cada Provincia ha creado sus propias autoridades ambientales según sus criterios propios. Además, como cada Provincia organiza con autonomía su régimen municipal, las delegaciones de atribuciones ambientales en los municipios es disímil, advirtiéndose importantes diferencias de concentración y desconcentración (Provincia/Municipio) en diversos aspectos de la gestión ambiental comparadas unas provincias con otras.

129. En vistas de esta situación, reconociendo que "la preservación y conservación del ambiente en el territorio del país requiere, para el mejoramiento de la calidad de vida, una política coordinada y participativa, en virtud de que el sistema ambiental es una complejidad que trasciende las fronteras políticas provinciales" y que "la coordinación entre los distintos niveles gubernativos y sociales es indispensable para la eficacia de las acciones ambientales", por iniciativa de varios Gobiernos Provinciales se creó el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) como "organismo permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los estados miembros".

130. Posteriormente, el 5 de julio de 1993, el Gobierno Nacional y los Gobiernos de las veintitrés provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires firmaron el Pacto Federal Ambiental en el que los principales puntos a que se comprometieron las partes signatarias fueron:

  • Promover políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional, estableciendo acuerdos marco entre los Estados Federales y entre éstos y la Nación, que agilicen y den mayor eficiencia a la preservación del ambiente, tomando como referencia los postulados del Programa 21 aprobado por la CNUMAD.
  • Promover a nivel provincial la unificación y/o coordinación de todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental.
  • Reconocer al Consejo Federal de Medio Ambiente como instrumento válido para la coordinación de la política ambiental en la República Argentina.
  • Compatibilizar e instrumentar la legislación ambiental en sus respectivas jurisdicciones.

131. Con posterioridad, la reforma de la Constitución Nacional en 1994 incluyó el nuevo artículo 41 que vino a llenar el vacío existente en la antigua Constitución de 1853 y formuló un explícito reparto de las competencias federales y provinciales en materia ambiental disponiendo que "corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos (de protección ambiental) y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales". Ello implica que si bien el Gobierno Federal habrá de dictar esos "presupuestos mínimos", las Provincias conservan las atribuciones de aplicar en sus respectivos territorios las normas nacionales que los establezcan.

132. Como se advierte, Argentina se encuentra, en estos momentos, en plena etapa transicional con relación a la determinación de las formas institucionales de descentralización territorial de la gestión ambiental.

133. En Bolivia, las Prefecturas de los Departamentos en que se descentraliza territorialmente el país, a través de sus Secretarías de Desarrollo Sostenible, tienen como atribuciones:

  • La planificación del desarrollo de su jurisdicción territorial, de conformidad con las disposiciones nacionales que regulan la materia.
  • El seguimiento y fiscalización del uso racional de los recursos naturales.
  • La administración de las políticas y normas nacionales sobre recursos naturales y medio ambiente.
  • Planificar y promover campañas de concientización ambiental.

134. Los Municipios tienen las competencias habituales a este nivel de autoridades en cuanto al control de la contaminación, el ordenamiento urbano, saneamiento, etc.

135. En Brasil, otro de los países de régimen federal de la región, el artículo 23 de la Constitución Política de 1988 hizo de la gestión ambiental no una atribución exclusiva de ningún estamento gubernativo en particular sino una "competencia común" de los tres niveles: el federal, el estadual y el municipal.

136. Teniendo en miras, tanto la problemática de la transectorialidad de la gestión ambiental en el Gobierno Federal como la de la descentralización territorial de la misma y a fin de articular armónicamente a las instancias horizontales y verticales responsables de la gestión, la Ley Nº 6.938 de 1981 (ref.por Ley Nº 8.028 de 1990) creó el Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA) integrado por los organismos y entidades del Gobierno Federal, de los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios y de los Municipios, y las Fundaciones creadas por el poder público, en base a una estructura político-administrativa conformada por:

  • Organo Superior: el Consejo de Gobierno, con la función de asesorar al Presidente de la República, en la formulación de la política nacional y de las directrices gubernamentales para el medio ambiente y los recursos ambientales
  • Organo Consultivo Deliberativo: el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) con la función de asesorar, estudiar y proponer al Consejo de Gobierno derectrices de políticas gubernamentales para el medio ambiente y los recursos naturales y deliberar, en el ámbito de su competencia, sobre las normas y patrones compatibles con un medio ambiente ecológicamente equilibrado y esencial para una calidad de vida saludable.
  • Organo Central: la SEMA (hoy Ministerio) con la finalidad de planear, coordinar, supervisar y controlar, como órgano federal, la política nacional y las directrices gubernamentales fijadas para el medio ambiente.
  • Organos Sectoriales: los organismos o entidades integrantes de la Administración Pública Federal directa o indirecta, así como las Fundaciones creadas por el poder público, cuyas actividades estén asociadas a la protección de la calidad ambiental o aquellas de regulación del uso de los recursos ambientales.
  • Organos Seccionales: los organismos o las entidades estaduales responsables de la ejecución de programas y proyectos y del control y fiscalización de las actividades capaces de provocar la degradación ambiental.
  • Organos Locales: los organismos o entidades municipales responsables del control y fiscalización de esas actividades, dentro de sus respectivas áreas de jurisdicción.
  • Los Estados, en la esfera de sus competencias y en las áreas de sus jurisdicción, elaborarán normas supletorias y complementarias y patrones relacionados con el medio ambiente, con observancia de los que fueran establecidos por el CONAMA. Lo mismo pueden hacer los Municipios, observando las normas y patrones federales y estaduales.

137. Cabe destacar que, entre sus competencias, el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), integrado por representantes del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estaduales y del sector privado, tiene las de:

  • Establecer, a propuesta del Ministerio federal, las normas y criterios para el otorgamiento de licencias efectiva o potencialmente contaminadoras, que son concebidas por los Estados y supervisadas por el Ministerio.
  • Determinar, cuando lo juzgue necesario, la realización de estudios de las alternativas y de las posibles consecuencias ambientales de los proyectos públicos y privados, pidiendo a los órganos federales, estaduales y municipales, así como a las entidades privadas, las informaciones indispensables para la apreciación de los estudios de impacto ambiental y los respectivos informes, en el caso de obras o actividades de significativa degradación ambiental, especialmente en las áreas consideradas como patrimonio nacional.
  • Decidir como última instancia administrativa, en grado de recurso, sobre las multas y otras sanciones impuestas por el Ministerio.
  • Determinar, a requerimiento del Ministerio, la pérdida o la restricción de beneficios fiscales concedidos por el poder público y la pérdida o suspensión de la participación en líneas de financiamiento en los establecimientos oficiales de crédito.
  • Establecer privativamente normas y patrones nacionales de control de contaminación por vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones, escuchando a los Ministerios competentes.
  • Establecer normas, criterios y patrones relativos al control y a la mantención de la calidad del medio ambiente, con vistas al uso racional de los recursos ambientales, principalmente los hídricos.

138. Es de señalar, por último, que en el régimen de licencias ambientales, que es muy importante en la gestión ambiental de Brasil, si bien los Estados cumplen un rol primario fundamental en su reglamentación y aplicación, el Gobierno Federal a través de los mecanismos institucionales descritos y del Ministerio, conserva facultades de supervisión sobre la aplicación efectiva del régimen así como de avocamiento supletorio a la adopción de medidas administrativas punitorias y, en algunos casos, de homologación de las licencias otorgadas por los Estados y de otorgamiento de las mismas cuando se trata de actividades y obras con impacto ambiental significativo de ámbito nacional o regional.

139. En Chile, como se ha visto en el organigrama incluido en el Capítulo IIII, en línea con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a los fines de la vertebración de territorial de las políticas ambientales nacionales, existen las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMA), que están integradas por el Intendente Regional, que las preside, los Gobernadores de las provincias de la Región, las Secretarías Regionales Ministeriales -que son una desconcentración territorial de los Ministerios-, cuatro consejeros regionales elegidos por la COREMA y el Director Regional de la COREMA que actúa como Secretario.

140. Cada COREMA tiene un Director Regional, un Comité Técnico -integrado por dicho Director Regional, que lo preside, y por los Directores Regionales de Servicios Públicos- y un Consejo Consultivo Regional integrado por dos científicos, dos representantes de ONG, dos representantes del empresariado, dos representantes de los trabajadores y un representante del Intendente de la Región.

141. La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente impuso a las municipalidades determinados deberes y les confirió algunas nuevas facultades principalmente en relación a:

  • el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
  • el sistema de responsabilidad ambiental y,
  • la fiscalización

142. En el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las municipalidades estarán obligadas a dar adecuada publicidad a los extractos de los proyectos sometidos a un estudio de Impacto Ambiental, con el fin de asegurar la participación ciudadana informada en el sistema de evaluación.

143. Uno de los avances de la ley ambiental es la creación de concepto de "daño ambiental". Esto permite obligar al culpable a reparar el daño causado o a indemnizarlo, instaurando un sistema de responsabilidad ambiental. En esta perspectiva, la ley ambiental afirma que cualquier persona puede exigir a la municipalidad en cuyo territorio desarrollen actividades dañinas para el medio ambiente, que realice la respectiva acción ambiental en su representación. La municipalidad deberá demandar en el término de 45 días a la fuente contaminante. Si en ese plazo la municipalidad no se pronuncia, se convertirá en "responsable solidario" de los perjuicios ambientales que el hecho denunciado ocasione al afectado. Si, por otro lado, decide no tomar medidas, deberá notificárselo al denunciante por carta certificada, durante el mismo plazo.

144. En relación con la fiscalización, las municipalidades tienen la facultad de solicitar al juez la aplicación de sanciones para los responsables de fuentes emisoras que no cumplan con los planes de prevención o descontaminación. A su vez, el municipio esta obligado a fiscalizar el cumplimiento permanente de las normas en las que se basa la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. En caso de incumplimiento, el municipio puede solicitar a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente (COREMA o CONAMA), que imponga las sanciones correspondientes al organismo público con competencia legal en el tema en cuestión.

145. Un aspecto importante de la ley es la relación que establece el municipio con la ciudadanía. Las municipalidades están obligadas a recibir las denuncias que formulen los ciudadanos por incumplimiento de normas ambientales y ponerlas en conocimiento del organismo fiscalizador competente para que les dé curso. La municipalidad debe exigir al organismo fiscalizador que le informe sobre el trámite dado a denuncia y, a falta de éste, puede poner los antecedentes en conocimiento del ministerio respectivo.

146. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) que las regula de manera general, establece, dentro de las funciones privativas, varias relacionadas con el medio ambiente:

  • La aplicación de disposiciones sobre transporte y tránsito público y sobre construcción y urbanización dentro de la comuna, de acuerdo con las leyes y las normas del ministerio respectivo.
  • La planificación y regulación urbana de la comuna y la confección del Plan Regulador Comunal y del Plan de Desarrollo Comunal, cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales.
  • El aseo y ornato de la comuna.

147. Para asumir estas funciones, la LOCM contempla la organización interna del gobierno local, estableciendo las responsabilidades de las unidades competentes como Desarrollo Comunitario (DIDECO), Obras Municipales, Aseo y Ornato, Tránsito y Transporte Público y la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.

148. En Colombia, las instancias gubernamentales de descentralización territorial están constituidas por los Departamentos -gobernados por un Gobernador- los Municipios -gobernados por Alcaldes- los Territorios Indígenas y los Distritos.

149. En el marco de esa malla institucional establecida por la Constitución Política, la Ley Nº 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente, detenta la virtud de haber definido prolijamente las funciones ambientales de todos los mencionados estamentos de descentralización territorial y, además, de haber integrado las Corporaciones Autónomas Regionales previstas en esa Ley.

150. Las funciones ambientales de los Departamentos son:

  • Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.
  • Expedir, con sujeción a las normas superiores, las disposiciones especiales relacionadas con el medio ambiente del respectivo Departamento.
  • Dar apoyo presupuestario, técnico, financiero y administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás entidades territoriales que operan en el ámbito departamental, en la ejecución de programas y proyectos y en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
  • Ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) -y con sujeción a la distribución legal de competencias- funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano.
  • Desarrollar, con la asesoría o la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales, programas de cooperación e integración con los entes territoriales equivalentes y limítrofes de los países vecinos, dirigidos a fomentar la conservación del medio ambiente común y los recursos naturales renovables binacionales.
  • Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas.
  • Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales que se realicen en el territorio del Departamento, con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos renovables.

151. Las funciones ambientales de los Municipios, de los Distritos, incluido el Distrito Capital, y de los Territorios Indígenas son:

  • Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales.
  • Dictar, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio.
  • Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la Ley Nº 99 de 1993.
  • Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales a nivel del Departamento al que pertenece el Municipio.
  • Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
  • Ejercer, a través del Alcalde como primera autoridad de policía nacional y en coordinación con las demás autoridades del SINA, con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
  • Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio municipal, con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes o degradantes de las aguas, el aire o el suelo.
  • Dictar -dentro de los lineamientos establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores- las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre uso del suelo.
  • Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del Municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control de las misiones contaminantes del aire.
  • Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces y corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas.

152. Además de la infraestructura institucional y administrativa descrita, la Ley Nº 99, establece los Principios Normativos Generales a los deberá sujetarse las funciones ambientales de las entidades territoriales, los cuales son:

  • Principio de armonía regional: los Departamentos, los Distritos, los Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere en el futuro el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la política nacional ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación.
  • Principio de gradación normativa: las reglas que dicten las entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables respetarán el carácter superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. Las funciones en materia ambiental y de recursos naturales renovables, atribuidas por la Constitución Política a los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, se ejercerán con sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales.
  • Principio de rigor subsidiario: las normas y medidas de la policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias especiales así lo ameriten. Los actos administrativos así expedidos deberán ser motivados, serán por su naturaleza apelables ente la autoridad superior, dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y tendrán una vigencia temporal no superior a 60 días mientras el Ministerio del Medio Ambiente decide sobre la conveniencia de prorrogar su vigencia o de darle a la medida carácter permanente.

153. En cuanto a las Corporaciones Autónomas Regionales a que se refiere la Ley Nº 99 en el Sistema Nacional Ambiental, ellas aparecen como estamentos intermedios entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales cuyas funcionales ambientales se han descrito más arriba. Constituyen entes corporativos de carácter público, que deben ser creados por ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características geográficas constituyen un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y proponder su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

154. Las funciones principales de las Corporaciones Autónomas Regionales, que aparecen como una novedad en las formas institucionales tradicionalmente vigentes en los países de régimen unitario de la Región de América Latina y el Caribe, son:

  • Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Programa Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los de orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.
  • Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
  • Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del SINA en el área de su jurisdicción y, en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su ámbito territorial en los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.
  • Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
  • Asesorar a las entidades territoriales en materia de educación ambiental y desarrollar programas de educación ambiental no formal.
  • Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
  • Fijar, en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuesto o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones, en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente.
  • Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria, con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.
  • Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, incluyendo la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
  • Recaudar conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
  • Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables, en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables.
  • Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente, las áreas del Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta administración podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil.
  • Administrar, en los términos y condiciones que fije la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado y de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; asimismo, administrar las reservas forestales nacionales en el área de su jurisdicción.
  • Imponer y ejecutar, de modo preventivo y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
  • Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores de las políticas nacionales.
  • Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
  • Realizar programas de desarrollo sostenible y manejo ambiental en áreas habitadas por comunidades indígenas y de raza negra.
  • Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

155. Las autoridades de las Corporaciones Autónomas Regionales son:

  • La Asamblea Corporativa, que es el principal órgano de dirección y que está integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales de la jurisdicción.
  • El Consejo Directivo, que es el órgano de administración de la Corporación Autónoma y que está integrado por los Gobernadores de los Departamentos comprendidos en la Corporación, un representante del Presidente de la República, uno del Ministerio del Medio Ambiente, cuatro Alcaldes de municipios comprendidos, dos representantes del sector privado, uno de las comunidades indígenas y dos de ONG ambientales de la región.
  • El Director General, autoridad ejecutiva que es designada por el Consejo Directivo.

156. Por último, cabe señalar que la Ley Nº 99 crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) con el fin de articular el accionar, en orden jerárquico, del Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos, Distritos y Municipios. Corresponde al Ministerio dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia ambiental de las entidades integrantes del Sistema.

157. En Costa Rica, el Ministerio de Ambiente y Energía descentraliza su actividad, en el conjunto del territorio nacional, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

158. Se define como Área de Conservación a aquella unidad territorial, regida bajo una misma estrategia de desarrollo y administración, donde se interrelacionan tanto actividades privadas como estatales en materia de manejo y conservación de los recursos naturales y se buscan soluciones de desarrollo sostenible conjuntamente con la sociedad civil

159. Este Sistema, que está constituido por nueve Áreas de Conservación, pretende conformar un modelo de gestión institucional descentralizado y participativo que unifica las competencias del Ministerio en materia forestal, de vida silvestre y de áreas protegidas con el fin de planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales.

160. En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, no existen formas especiales de vinculación entre las autoridades ambientales nacionales y las locales, por lo que la misma se realiza a través de los mecanismos gubernamentales habituales.

161. En México, el artículo 73 de la Constitución Federal faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

162. En ejercicio de esa atribución el Congreso expidió la Ley Federal del Equilibrio Ecológico (1988) que atribuyó:

  • A las autoridades federales: los asuntos ambientales de alcance general de la Nación o de interés de la Federación.
  • A las autoridades de los Estados y Municipios:
  • La formulación de la política y de los criterios ecológicos particulares de cada jurisdicción.
  • La preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en las zonas sujetas a su jurisdicción.
  • La prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales dentro de su territorio.
  • La regulación de las actividades no consideradas como altamente riesgosas, cuando éstas afecten el equilibrio de los ecosistemas o el ambiente de la entidad federativa o municipio de que se trate.
  • La regulación, creación y administración de parques urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica.
  • La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, así como de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente generadas en zonas o fuentes de su respectiva jurisdicción.
  • La prevención y control de la contaminación de aguas de jurisdicción estatal, así como de las federales que tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos y de las que se descarguen en redes de alcantarillado de los centros de población.
  • Expedir el ordenamiento ecológico local.
  • Realizar las evaluaciones de impacto ambiental en los casos distintos a los de competencia federal.
  • Ejercer la inspección y vigilancia aplicando las disposiciones legales que, al efecto, expidan.

163. Además, el artículo 115 de la Constitución Federal, que establece las base para la organización de los municipios, expresamente dispone la competencia de los municipios en materia ambiental.

164. Es de destacar que, en cuanto al manejo de recursos naturales, la competencia corresponde a las autoridades federales, sin perjuicio de que las leyes especiales permitan la celebración de acuerdos de coordinación con los niveles de gobierno a los que la Federación descentralice funciones ejecutivas.

165. Debe tenerse presente, también, que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución, el Sistema de Planeación Nacional prevé la descentralización de acciones y funciones hacia los gobiernos estatales y, lo mismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, todo ello a través de acuerdos de coordinación o de convenios en virtud de los cuales se deleguen a los Estados funciones originariamente a cargo de la Federación. Muchas veces esos acuerdos y convenios prevén la participación, en algún grado, de los municipios.

166. En Panamá, los Gobernadores de las Provincias son los representantes del Órgano Ejecutivo Nacional en los territorios bajo su jurisdicción y tienen la responsabilidad de supervisar y coordinar la labor de las entidades públicas, tanto del gobierno central como las descentralizadas, en cuanto al cumplimiento de las políticas nacionales. En materia específicamente de ambiente y desarrollo sostenible, les compete coadyuvar con las autoridades pertinentes en la conservación y preservación de los bosques nacionales y reservas forestales, la fauna silvestre y demás recursos naturales ubicados en el territorio de la provincia.

167. Junto a los Gobernadores existen los llamados Consejos Provinciales que colaboran en su gestión, incluidos los aspectos ambientales antes señalados.

168. A su vez, los Municipios ejercen las competencias de protección y conservación ambiental típica de las autoridades locales.

169. La interacción entre todas estas instancias y el Gobierno Nacional se produce a través de las Direcciones Regionales o Direcciones Provinciales, según los casos, que representan a las instituciones centralizadas y descentralizadas del Gobierno Nacional. En ese marco, la CONAMA opera a través de los canales institucionales del Ministerio de Planificación y Política Económica.

170. Perú, se encuentra, a la fecha de la elaboración de este documento, en una etapa de creación de un nuevo esquema de descentralización y desconcentración administrativa del país. En virtud de ello, se han creado los Consejos Transitorios de Administración Regional que cuentan con una Presidencia Ejecutiva, una Secretaría Técnica y Direcciones Regionales Sectoriales. Estos Consejos conducen la formulación, seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo regionales y subregionales, así como la prestación de los servicios públicos a cargo de los sectores. No cuentan con oficinas ambientales especiales a nivel regional pero las Direcciones Regionales Sectoriales tienen competencias ambientales. Los Consejos se coordinan a través de la Comisión Interministerial de Asuntos Regionales del Consejo de Coordinación de los Gobiernos Regionales situado en el ámbito del Ministerio de la Presidencia.

171. En cuanto a los Municipios, en virtud de la Ley Nº 23.853 "Orgánica de las Municipalidades" (1984) tienen asignada la misión de planificar, ejecutar e impulsar a través de los organismos competentes las acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales. Para el cumplimiento de sus funciones en materia ambiental, que están enumeradas en la ley y que son las típicas de las autoridades comunales, deben establecer en su estructura funcional una unidad orgánica encargada de investigar, normar, atender y resolver los problemas que afectan al medio ambiente físico y social, preventiva y correctivamente en coordinación con los demás organismos públicos competentes

172. En Venezuela, el artículo 34 de la Constitución Nacional pone en manos del Gobierno Nacional la determinación del régimen y administración de las minas, hidrocarburos, salinas, tierras baldías y de conservación y aprovechamiento de los montes, aguas y otras riquezas naturales del país

173. En el marco de un proceso de descentralización y desconcentración administrativa que se viene operando desde hace diez años, la Ley Orgánica de la Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (art.4), dispone que serán transferidos a los Estados diversos servicios que presta el Gobierno Nacional, entre ellos la planificación, coordinación y promoción de su propio desarrollo integral, la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales y la ordenación del territorio del Estado.

174. A su vez, la Ley Orgánica del Régimen Municipal (art.36) fija como competencias de los Municipios las de elaborar los planes de desarrollo urbano local, formulados de acuerdo a las normas y procedimientos técnicos fijados por el Ejecutivo Nacional, y la protección del ambiente y el saneamiento ambiental.

175. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables se vincula con los Estados y los Municipios a través de sus instancias regionales y de un sistema de responsabilidades compartidas.

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