Estimamos que el avance en la implementación del Capítulo 33 de la Agenda 21 (Recursos y Mecanismos de Financiación) ha sido muy escaso para el ámbito de las ONGs. Son muy pocas las que han accedido a financiación del GEF y de otros organismos de cooperación internacional. Y salvo algún caso puntual, como puede ser por ejemplo el de la Fundación Patagonia Natural, los montos de financiación siempre han sido reducidos y no han tenido la suficiente relevancia para la solución de la problemática ambiental.

Se considera que la República Argentina, a través del Estado, ha recibido un escaso financiamiento externo para cumplir con los compromisos de la Agenda 21, esto puede deberse a la categorización que realiza Naciones Unidas de acuerdo al ingreso per capita, que hace que, erróneamente, nuestro país no resulte elegible como prioridad para el otorgamiento de fondos. Las delegaciones de nuestro país a las diferentes Conferencias de las Partes de las convenciones financiadas por el GEF deberían proponer que este organismo de financiamiento revea sus criterios para el otorgamiento de dichos fondos.

Además, en muchos casos, por razones que no llegamos a entender, los mismos no fueron utilizados por el Gobierno Nacional y posteriormente se perdieron, como ha sucedido con fondos destinados a la Administración de Parques Nacionales.

En el caso del financiamiento recibido por el Estado Nacional son pocas las ONGs que han sido informadas sobre los proyectos efectivamente implementados y con escasa participación en la elaboración de los mismos. Sugerimos ser tenidos en cuenta en el futuro a la hora de participar en todo el proceso decisorio y posterior monitoreo y control.

Se puede mencionar como una excepción el caso GTZ, Agencia de Cooperación Alemana, que no sólo informa a la Red de Lucha Contra la Desertificación (RIOD), sino que invita a participar a reuniones de decisión y distribuye fondos pequeños a muchas ONGs.

Por otra parte no consideramos pertinente las donaciones que el GEF ha otorgado a empresas privadas establecidas en Argentina, caso ENDESA, cuando se dejan de lado otras prioridades.

Se debe tener en cuenta también que los montos de la cooperación internacional estimados en el citado artículo 33 (125.000 millones de dólares anuales) han sido cubiertos en forma deficiente.

Por otra parte la burocratización, tanto de los organismos internacionales como de los nacionales, hace que gran parte de los montos de financiamiento estén destinados a solventar los gastos de administración de agencias internacionales (overhead), personal y equipamiento de unidades de ejecución de programas, servicios de consultorías, etc., no guardando relación muchas veces los montos con las dimensiones de las unidades de administración o ejecución, lo que hace que el monto que pueda percibirse como beneficio real o directo sea muy inferior a lo realmente otorgado.

Una de las limitaciones más importantes que han tenido los ONGs es la falta de un ámbito de consenso institucionalizado como podría ser el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Al respecto, se considera indispensable que el mismo sea puesto en marcha a la brevedad y que tenga la jerarquía institucional necesaria para que sus recomendaciones y/o decisiones sean efectivamente concretadas.

Asimismo, a nuestro entender este Consejo debe tener una fuerte voluntad política para poder elaborar una Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable en un marco de amplia participación y discusión de todos los actores involucrados, marco absolutamente necesario para la sustentabilidad.

Por otra parte se entiende que este ámbito sería el adecuado para dar transparencia a la gestión tanto del Estado como de las ONGs, en cuanto a la ejecución de programas y proyectos, ya que se deberían rendir cuentas en el ámbito del mismo.

En este sentido sería conveniente la creación, en la orbita del Consejo, de un Fondo Ambiental Nacional como ya funciona en otros paises sudamericanos, que en forma simple, efectiva y ejecutiva centralice las diferentes cuentas de financiamiento y que distribuya los fondos a las distintas organizaciones de la sociedad civil conforme a una estrategia nacional para el desarrollo sustentable.

Se considera que al no cumplirse con los compromisos asumidos en el Artículo 34 de la Agenda 21 (Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la capacidad), se hace más difícil el camino al desarrollo sustentable de nuestro país.

Se entiende que es necesario que la Organización de las Naciones Unidas y el Estado Nacional ejecuten políticas que lleven a la reducción de trabas burocráticas, a la eliminación de superposiciones, duplicaciones de funciones y mensajes contradictorios.

En el caso de Naciones Unidas tal vez sería necesario revisar los contenidos del Artículo 38 de la Agenda 21 (Arreglos Institucionales Internacionales).

Por último consideramos que la educación, la capacitación, la investigación y la transferencia de tecnología, realizadas en forma idónea y eficiente son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestro país. Si no le damos la real importancia que tiene a estos aspectos nunca dejaremos de ser lo que lamentablemente nos han endilgado: un país en vias de sub desarrollo.